¿Está obligada una comunidad de propietarios a instalar un ascensor o eliminar barreras arquitectónicas?

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La notaria María Cristina Clemente Buendía explica los cambios de la Ley de Propiedad Horizontal que refuerzan el derecho a la accesibilidad de las personas mayores y con discapacidad, y aclara cuándo una comunidad de propietarios está obligada a realizar las obras.

Por María Cristina Clemente Buendía Notaria y miembro del Comité de expertos de Lecturas

¿Puede un vecino mayor de 70 años exigir un ascensor o una rampa a su comunidad de propietarios?

La notario María Cristina Clemente Buendía explica los cambios de la Ley de Propiedad Horizontal que refuerzan el derecho a la accesibilidad de las personas mayores y con discapacidad, y aclara cuándo una comunidad de propietarios está obligada a realizar las obras.

Vivir en un edificio sin ascensor, con escalones en el portal o con barreras arquitectónicas puede convertirse en un problema cotidiano para muchas personas. Algo tan sencillo como salir a comprar, acudir al médico o bajar a la calle puede resultar especialmente complicado para quienes tienen movilidad reducida.

Pero ¿qué ocurre cuando una persona mayor necesita instalar una rampa o un ascensor y el resto de los vecinos no está de acuerdo? ¿Puede la comunidad negarse a realizar las obras?

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, ha introducido modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal que refuerzan las obligaciones de las comunidades de propietarios en materia de accesibilidad. Los cambios, en vigor desde el 23 de octubre de 2026, afectan especialmente a las solicitudes realizadas para atender las necesidades de personas con discapacidad o mayores de 70 años.

La notario María Cristina Clemente Buendía, conocida por su labor divulgativa en redes sociales a través de @notariabuendia, ha explicado las principales novedades de esta regulación en unas declaraciones recogidas por COPE.

¿Está obligada una comunidad de propietarios a instalar un ascensor o una rampa?

La respuesta depende de las circunstancias y de los requisitos establecidos en la legislación.

El artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal contempla la realización obligatoria de determinadas obras destinadas a garantizar la accesibilidad universal, entre ellas la instalación de rampas, ascensores y otros dispositivos que permitan utilizar adecuadamente los elementos comunes del edificio.

La normativa presta especial atención a las actuaciones solicitadas por propietarios en cuyas viviendas o locales vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años.

En estos casos, las obras pueden tener carácter obligatorio sin necesidad de un acuerdo previo de la junta cuando se cumplen las condiciones legales.

Por tanto, la negativa de otros propietarios no siempre es suficiente para impedir una obra de accesibilidad.

La comunidad debe solicitar las ayudas públicas disponibles

Una de las novedades de la reforma se refiere a la tramitación de subvenciones.

Cuando una persona afectada solicita la realización de obras de accesibilidad, puede facilitar a la comunidad información sobre las convocatorias de ayudas públicas a las que esta pueda acogerse.

En ese supuesto, la comunidad queda obligada a solicitarlas.

Como explica María Cristina Clemente Buendía en COPE:

«Es la comunidad de propietarios la obligada a solicitar estas ayudas, no puede la junta desentenderse de este trámite».

Esto significa que el vecino interesado no tiene que asumir por sí solo la gestión de las subvenciones que corresponda solicitar a la comunidad.

La medida busca evitar que una actuación necesaria quede paralizada simplemente porque los responsables de la comunidad no tramitan las ayudas disponibles.

Conviene recordar que solicitar una subvención no garantiza su concesión. Será necesario cumplir las condiciones de cada convocatoria y esperar la resolución de la administración correspondiente.

¿Qué ocurre si las subvenciones cubren el 70 % de las obras?

Este es uno de los cambios más importantes de la nueva regulación.

Si las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcanzan al menos el 70 % del importe de las obras de accesibilidad solicitadas, su ejecución pasa a ser obligatoria para la comunidad de propietarios, sin que resulten aplicables los límites económicos ordinarios previstos en ese apartado de la ley.

La diferencia es importante: no basta con que exista una convocatoria que anuncie ayudas de hasta el 70 %. La norma se refiere a las subvenciones realmente concedidas.

Imaginemos una comunidad que necesita instalar un ascensor cuyo presupuesto asciende a 60.000 euros.

Si recibe una subvención de 42.000 euros, equivalente al 70 % del coste, se cumple este requisito legal. Los 18.000 euros restantes deberán financiarse conforme a las reglas aplicables.

Como explica la notario, cuando se alcanza ese porcentaje de financiación pública, la comunidad no puede rechazar las obras únicamente porque algunos propietarios no estén de acuerdo.

¿Y si las ayudas no alcanzan el 70 %?

No significa necesariamente que la comunidad pueda negarse.

La Ley de Propiedad Horizontal también contempla la obligatoriedad de las obras cuando el importe repercutido anualmente, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Además, la reforma mantiene la posibilidad de que las obras sigan siendo obligatorias cuando quienes las solicitan asumen el exceso económico que corresponda.

Por eso, cada situación requiere examinar el presupuesto, las subvenciones concedidas, la financiación disponible y la distribución de los costes.

No existe una regla general según la cual todas las obras que no reciben una subvención del 70 % puedan rechazarse.

¿Puede la comunidad votar en contra de las obras?

Las comunidades de propietarios toman muchas de sus decisiones mediante acuerdos en junta. Sin embargo, las obras que tienen carácter obligatorio conforme al artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal no necesitan un acuerdo previo que autorice su realización.

Esto no significa que la comunidad no deba organizar su ejecución, contratar profesionales o determinar los aspectos económicos correspondientes.

Lo que significa es que, cuando concurren los requisitos legales, la obligación de realizar las obras no depende de que una mayoría de propietarios quiera aprobarlas.

Esta distinción es especialmente relevante en edificios antiguos donde la instalación de ascensores o la eliminación de escalones puede generar discrepancias entre vecinos.

¿Qué puede hacer un vecino si la comunidad se niega?

La reforma también contempla expresamente la posibilidad de acudir a los tribunales.

Cuando se cumplen las condiciones que hacen obligatorias las actuaciones y la comunidad no procede a ejecutarlas, el interesado puede solicitar la intervención de la autoridad judicial competente.

Será el órgano judicial quien examine las circunstancias y adopte las decisiones que procedan para exigir el cumplimiento de la obligación.

Antes de llegar a ese punto, resulta conveniente que el vecino deje constancia de su solicitud y conserve la documentación relacionada con las obras y las ayudas disponibles.

Una petición escrita, la información sobre las subvenciones, los presupuestos y las comunicaciones con la comunidad pueden resultar importantes si posteriormente surge una controversia.

¿Se aplica esta reforma en Cataluña?

La modificación analizada afecta a la Ley estatal de Propiedad Horizontal.

No obstante, Cataluña cuenta con una regulación propia de la propiedad horizontal, recogida en el Código Civil de Cataluña, por lo que las situaciones relativas a comunidades de propietarios situadas en ese territorio deben analizarse conforme a su normativa específica.

Por ello, no deben trasladarse automáticamente los requisitos de la regulación estatal a todos los edificios de Cataluña.

La accesibilidad no debería depender únicamente de la voluntad de los vecinos

La eliminación de barreras arquitectónicas tiene consecuencias que van mucho más allá de la comodidad.

Para una persona mayor o con discapacidad, disponer de un acceso adecuado a su vivienda puede ser determinante para conservar su autonomía y continuar viviendo en su entorno habitual.

La reforma refuerza la importancia de estas necesidades y establece mecanismos para que las comunidades actúen cuando concurren los requisitos legales.

Como recuerda María Cristina Clemente Buendía, la comunidad tiene responsabilidades concretas que no puede eludir, especialmente en la solicitud de ayudas y en la ejecución de las actuaciones obligatorias.

En definitiva, tener más de 70 años o una discapacidad no implica que cualquier obra solicitada deba ejecutarse automáticamente, pero sí existen derechos y obligaciones que pueden impedir que una comunidad bloquee injustificadamente las mejoras necesarias.

María Cristina Clemente Buendía explica la reforma en COPE

El diario COPE publicó el 25 de octubre de 2026 una noticia sobre las nuevas obligaciones de las comunidades de propietarios, recogiendo las explicaciones de la notaria María Cristina Clemente Buendía acerca de las ayudas públicas, las obras obligatorias y la posibilidad de acudir a los tribunales.

Referencia normativa: Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Este contenido tiene carácter divulgativo. La obligatoriedad de una actuación concreta y su financiación deben analizarse atendiendo a las circunstancias del edificio y a la normativa aplicable.

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