¿Alguien puede imaginar el conflicto moral y legal que se le plantea para un funcionario público?
Por María Bandera
Es un caso real contado por la propia notaria que sucedió las pasadas navidades durante una firma de las escrituras de compraventa
La okupación sigue siendo una de las grandes lacras de nuestro país. Son muchos los propietarios que ven con impotencia cómo sus pisos son ocupados, un fenómeno que se ha vuelto más visible en los últimos años.
Según datos de una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 2% de los españoles afirma haber sufrido una ocupación ilegal en los últimos cinco años.
Este temor creciente a la okupación ante la endeble seguridad jurídica, ha contribuido sin duda a la merma de la oferta de alquiler, ya de por sí tocada por un aumento de la demanda, los límites a los precios, la falta de construcción de obra nueva o el desvío de muchas de estas viviendas a pisos turísticos.
Basta comparar el mercado actual con el de décadas anteriores. En los 50, una de cada dos viviendas era de alquiler. Hoy, esa proporción ha caído hasta aproximadamente un 16%, según recoge José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra.
Inquiokupación
Este contexto ha provocado que muchos propietarios, ante el riesgo de que les ocupen la vivienda y la dificultad de recuperarla legalmente, decidan no ofertar sus pisos. Pero hay un problema que se suma y que enturbia más si cabe el mercado: la inquiokupación.
Se trata de inquilinos que alquilan legalmente un piso, pero que sobre la marcha dejan de pagar las mensualidades y se niegan a marcharse, aprovechándose de la lentitud de la justicia y de ciertas protecciones legales.
Aunque aún no hay cifras oficiales del último año, la Plataforma de Afectados por la Ocupación estima que en 2023 había unas 50.000 personas en situación de inquiokupación en España, lo que muestra la magnitud creciente de este fenómeno.
Precisamente una de estas situaciones la relata la notaria María Cristina Clemente Buendía en su cuenta de Tiktok, una experiencia que ella misma vivió en su notaría durante las pasadas Navidades.
La funcionaria pública explica que durante una operación de compraventa de un inmueble heredado por una madre y su hija, que no eran grandes tenedoras, se presentaron los propios inquiokupas que tenían en el piso.
Como notaria, según explica, no puede legalmente impedir la entrada a nadie, aunque esa persona esté actuando de forma cuestionable.
En este caso, los inquiokupas llegaron a la notaría para intentar presionar y pedir dinero a cambio de abandonar la vivienda, una forma de “extorsión” encubierta. La situación fue especialmente delicada porque los inquiokupas pretendían que esa entrega de dinero se hiciera en la propia notaría, en el acto de firma de compraventa. Querían que el notario diera fe del acuerdo, como si fuera una parte legítima del proceso, lo cual la colocó en una situación de “impotencia”.
Firmar tapándose «la nariz y la boca»
Clemente Buendía explica que, aunque moralmente le parecía mal y le resultaba injusto, no podía negarse a firmar la compraventa, porque legalmente sí se cumplían todos los requisitos: las propietarias querían vender, los compradores querían comprar, y la operación, desde un punto de vista estrictamente jurídico, era válida.
Por ello tuvo que firmar «tapándose la nariz y la boca». “¿Alguien puede imaginar el conflicto moral y legal que se le plantea para un funcionario público?”, se pregunta la profesional que deja claro lo que sucedido va en contra no solo del «sentido común», también «del jurídico o el de justicia».
Además, enfatiza que en este caso, los inquiokupas no eran personas vulnerables, no estaban en situación de pobreza extrema o exclusión social. Por el contrario, eran personas que sabían utilizar los vacíos del sistema para obtener ventajas y protección, a los que el propio sistema “ha hecho invulnerables”
